La más rica de Francia, tutelada por su nieto de 25


La mujer más rica de Francia ya no puede dar un paso sin permiso. A los 88 años, Liliane Bettencourt, heredera del imperio L'Oréal, ha sido inhabilitada por el Tribunal Tutelar de Courbevoie a petición de su hija Françoise Bettencourt-Meyers, que había puesto la demanda en junio, preocupada por la salud mental de su madre y las extravagantes inversiones que había realizado últimamente al dictado de su entorno.

La juez dio crédito al informe médico, que habla de demencia, de Alzheimer y de anosognosia, esto es, la incapacidad de la paciente de reconocer la enfermedad o las pérdidas funcionales por las que se ve limitada. Así que, desde ayer, la infeliz poseedora de 16.000 millones de euros, según Forbes),carece de capacidad jurídica, y su custodia ha sido confiada a su nieto Jean-Victor Meyers, de 25 años.

Jean-Victor es el hijo mayor de Françoise y el nieto favorito de la señora Bettencourt, quien ya solicitó hace un año que éste ocupara un asiento en el consejo de administración de L'Oréal. Su designación como tutor legal de su abuela es la solución que han encontrado los magistrados de Courbevoie ante la amenaza de la multimillonaria de exiliarse si su tutela era confiada a su única hija y, en los últimos años, mayor enemiga. A pesar de ello, el abogado de la millonaria, Jean-René Farthouat, ha anunciado que recurrirán la decisión. Entretanto, la sentencia debe ejecutarse y Liliane celebrará el jueves su octogésimo noveno cumpleaños teniendo que negociar los gastos del guateque con el veinteañero.

Desde octubre de 2010, Liliane Bettencourt había cedido a sus descendientes su 30% de acciones en el Grupo L'Oréal, pero seguía disfrutando de sus dividendos y conservaba un puesto en el Consejo de Administración. Esta sentencia judicial supone ahora su salida del Consejo, donde hay mucho más en juego de lo que parece, ya que Nestlé y los Bettencourt-Meyers, que se hallan prácticamente empatados en el accionariado, pactaron en su día no intentar ninguna OPA hostil mientras viviera Liliane.

Por el momento, «sus bienes y su patrimonio estarán controlados a partir de este momento por Françoise Bettencourt Meyers y sus hijos, el mayor de los cuales asume la custodia personal de la abuela», según ha declarado a la salida de la audiencia una de las abogadas de la hija, Charlotte Robbe-Phan. «Mi hija es un coñazo. Si ella pasa a ocuparse de mí, me ahogaré. Me iré de Francia. No tendré ganas de vivir», había declarado la rica heredera a Le Journal du Dimanche.

¿De dónde vienen las preocupaciones de Françoise Bettencourt-Meyers por su madre? Pues de una serie de donaciones de ésta al fotógrafo buscavidas François-Marie Banier que motivaron, en 2009, su primera denuncia por abuso. Aquel cisma familiar hizo que salieran a la luz más de 20 horas de grabaciones clandestinas realizadas por el mayordomo de la familia y, a través de ellas, la justicia francesa descubrió temas aún más suculentos, como un caso de evasión de impuestos - Hacienda reclama a Liliane 30 millones de euros- y ramificaciones político-financieras que apuntaban al ministro de Presupuesto.

Desde entonces, las disputas materno-filiales han desfilado por las cortes de Nanterre, Burdeos y Courbevoie, dejando víctimas colaterales como el citado Banier, la contable Claire Thiboult, la enfermera Henriette Youpatchou, el antiguo administrador Patrice Maistre, el nuevo administrador Pascal Wilhelm y hasta el ex ministro y ex tesorero de UMP, Eric Woerth, relacionado junto a su esposa Florence en dos investigaciones por financiación ilegal de partidos.

La última entrega de este folletín se produjo ayer, cuando el jefe de los Servicios de Información Interior, Bernard Squarcini, fue imputado por la juez Sylvia Zimmermann en el asunto del espionaje policial a periodistas de Le Monde que, en septiembre 2010, estaban investigando la conexión Bettencourt-Woerth. En su empeño por proteger al ministro -y quién sabe si obedeciendo órdenes superiores-, el fiscal de Nanterre Philippe Courroye solicitó ayuda a la policía secreta para «atentar contra el secreto de la correspondencia», como reza la acusación que pesa sobre él.

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